Aumentan un 63% las ayudas a familias para acogimiento de menores

Las ayudas económicas van destinadas a apoyar la atención de menores acogidos tanto por familia extensa (unidos por algún vínculo de parentesco) como por familia seleccionada o ajena, y para familias del programa de acogimiento familiar de urgencia. Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha señalado que el objetivo del incremento de estas ayudas es que aumente el número de familias acogedoras en la Comunidad de Madrid, siguiendo la tendencia al alza de los últimos años.

En la Comunidad hay más de 4.000 menores con alguna medida de protección en la actualidad, de los que el 60% se encuentran en acogimiento familiar y el 40% restante en acogimiento residencial. Según ha destacado Carlos Izquierdo, el modelo de atención a los menores con medida de protección de la Comunidad se orienta a que cada vez mayor número de ellos pueda tener una vida en familia. “Estamos convencidos de que la mejor institución en la que puede desarrollarse plenamente un menor es en una familia”, subrayó.

A este respecto, el consejero de Políticas Sociales y Familia ha recordado que un buen ejemplo del compromiso del Gobierno regional con las familias madrileñas se plasmó el pasado año con la aprobación de la Estrategia de Apoyo a la Familia 2016-2021, que contiene 288 medidas y un presupuesto de casi 2.700 millones de euros.

Estrategia de infancia y adolescencia

El consejero ha incidido en que, junto a la familia, otra prioridad del Gobierno de la Comunidad son los menores, y ha anunciado que se está trabajando en la elaboración de una Estrategia de Infancia y Adolescencia, que será aprobada en los próximos meses.

Las líneas de trabajo fundamentales de dicha Estrategia se centran en la mejora de su calidad de vida, la protección de sus derechos y el reconocimiento de sus obligaciones, la atención prioritaria a menores con carencias materiales, en situación de pobreza y con problemas de salud, la prevención de conductas no saludables y la protección del derecho a una educación de calidad para todos.