La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha disparado las alarmas ante un déficit de examinadores de la DGT que este mismo verano podría llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España con el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores.
La actual plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), congelada desde al menos los últimos cinco años, ha mermado hasta extremos que el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas.
La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora.
Los retrasos y los sorpresivos cambios de fecha provocan interrupciones en los procesos de formación de los alumnos y parones de actividad de los profesores, lo que genera una pérdida de calidad formativa y pone en riesgo, en primera instancia, el empleo del profesorado, un colectivo integrado por 17.975 personas.
La CNAE considera urgente la ampliación de la actual plantilla de examinadores con al menos 213 funcionarios más, teniendo en cuenta la plantilla reconocida por la propia DGT, aunque los cálculos de la Confederación elevan esta cifra a 324 para llevar el sistema a la normalidad.
La actual plantilla de examinadores de la DGT suma 756 funcionarios, según los datos de la DGT, aunque la Confederación reduce este número a 619 al tenerse en cuenta algunas variables, como las vacaciones y las bajas de larga duración. La CNAE considera que son necesarios 943 examinadores para llevar normalidad al ciclo formativo y a los exámenes.
Un dato a tener en cuenta es que cada examinador sólo puede hacer diariamente 13 pruebas (11 en el periodo estival), lo que supone que el déficit de exámenes se eleva a casi 600.000 anuales, según el mínimo necesario (213) y a 900.000 si se contabiliza la carencia de 324 examinadores.
La carencia de examinadores no sólo perjudica a las autoescuelas y a la calidad del sistema formativo, ya que tiene consecuencias sociales que en algunos casos son de gravedad, porque los aspirantes no pueden opositar en las convocatorias de empleo público (el Gobierno ha anunciado nuevas convocatorias tras la superación de la crisis económica), acceder a empleos en los que se requiere el permiso de conducción o crear actividad autónoma o empresas en las que el automóvil es el principal activo.
La Confederación Nacional de Autoescuelas recuerda que el examen de conducir es un servicio que se da al ciudadano y por el que paga una tasa de 90 euros, de la que depende la supervivencia de unas 30.000 familias.
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