Sin embargo, determinadas ONG y asociaciones se han manifestado contrarios por el riesgo que conlleva, ya que para muchas mujeres es su único sustento. El sindicato OTRAS, a favor de la regulación, afirma que “nos gustaría que la Sta. ministra estuviera trabajando día y noche para ofrecer solución habitacional real y medios para su sustento mientras sus centros de trabajo están cerrados”.
Desde estas asociaciones se destaca además un aspecto primordial del debate y es que no todo el sexo de pago debe ser considerado por igual, ya que muchas mujeres eligen de manera totalmente personal ejercer esta actividad, por lo que victimizarlas o prohibirles hacer lo que quieran con su cuerpo, significa arrebatarles su derecho a elegir.
El sector de las trabajadoras sexuales reclama que se acepte su profesión y se les otorgue la libertad de elegir, un paso que implica en primer lugar la eliminación del tabú de la sociedad. En este sentido, la aplicación de las opiniones online al sexo de pago independiente ha supuesto un gran impulso dentro de la actividad, en cuestiones como profesionalización, autonomía, seguridad y, también, normalización del tema ya que invita a los usuarios a escribir sobre su experiencia con una escort.
En concreto, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó que “los prostíbulos deben ser cerrados por motivos de salud pública y especialmente para proteger a las mujeres en situación de prostitución. Estamos a disposición de las comunidades autónomas”. Las palabras de Montero tenían como origen el cierre de locales del pasado 14 de agosto para restringir la actividad nocturna y encontraba la complicidad del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ve una contradicción en la exclusión de estos locales respecto a los mencionados cierres para la contención de la COVID-19. El ministro añadía, sin embargo, que “es un debate intenso y complejo que debe abordarse en sede parlamentaria”.
Desde el inicio del confinamiento, se ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, muchas de las cuales se encuentran en una situación precaria y, como declara la asociación Putas Indignadas, “la nueva normalidad ha evidenciado la falta de políticas públicas que protejan a las prostitutas”.
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