Los socialistas denuncian que el calendario fijado por el Ayuntamiento obliga a muchas familias a matricularse sin conocer aún si obtendrán plaza en los Campamentos Deportivos
El PSOE de Pozuelo ha solicitado por escrito a la alcaldesa, Paloma Tejero, la ampliación del plazo de formalización de matrícula de los campamentos municipales Summer School tras las numerosas quejas recibidas por parte de familias del municipio.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Helio Cobaleda, denuncia que los calendarios de inscripción fijados este año por el Ayuntamiento están generando “un problema de organización y falta de libertad de elección” para muchas familias que necesitan compatibilizar el cuidado de sus hijos con sus obligaciones laborales durante el verano.
Según explica el PSOE, en años anteriores las familias solían optar mayoritariamente por los Campamentos Deportivos en los periodos con mayor necesidad de conciliación, especialmente en junio y durante las dos primeras quincenas de julio. Sin embargo, el calendario establecido este año obliga a formalizar y pagar primero las plazas de Summer School sin saber todavía si se obtendrá plaza en los Campamentos Deportivos, cuya adjudicación no se conocerá hasta el próximo 27 de mayo.
“Muchas familias se ven obligadas a inscribirse en los Summer School por miedo a quedarse sin ninguna alternativa, aunque no sea la actividad que realmente desean para sus hijos”, señala Cobaleda.
En el escrito remitido al equipo de gobierno, el portavoz socialista considera que existe una “clara descoordinación” respecto al sistema seguido en años anteriores y reclama una solución inmediata mientras aún hay margen para corregir la situación.
Por ello, el PSOE propone ampliar el plazo de formalización y pago de las plazas de Summer School, actualmente previsto entre el 14 y el 20 de mayo, para que las familias puedan conocer previamente si han obtenido plaza en los Campamentos Deportivos y decidir así con mayor libertad la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
“El Ayuntamiento no puede obligar a las familias a elegir a ciegas”, concluye Cobaleda. “No se puede jugar con la conciliación ni limitar el acceso a actividades públicas esenciales para muchas familias, especialmente para aquellas con menos recursos”.