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El CGPJ prepara el plan de choque para evitar el colapso de la Justicia

lunes 13 de abril de 2020, 14:23h

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El CGPJ prepara el plan de choque para evitar el colapso de la Justicia
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Tras el estado de alarma, se prevé un ingreso masivo en poco tiempo de demandas laborales, mercantiles y de familia.

El máximo órgano de los jueces propondrá priorizar asuntos que faciliten la recuperación económica y favorezcan la atención de los más desfavorecidos.

Es fundamental el apoyo de toda la sociedad para que se alcancen acuerdos en los casos que sea posible y no se carguen los juzgados de asuntos “evitables”.

El estado de alarma decretado por el gobierno el pasado 14 de marzo ha modificado de manera drástica la dinámica de todas las actividades económicas y profesionales. Las judiciales, como no podía ser de otra manera, no son una excepción.

Para favorecer la contención de la pandemia del COVID-19 y no poner en riesgo a la población y los profesionales, y como ha ocurrido en la mayoría de los sectores económicos, se decidió interrumpir la actividad judicial. Esto va a suponer una presión adicional a un sistema, el judicial, ya en una situación complicada por la escasez de medios en relación al número de procesos.

Adicionalmente a la sobrecarga que puede acarrear la paralización de los juzgados durante más de un mes, se prevé la entrada masiva de casos derivados de la situación social y económica que vive el país, sobre todo en los ámbitos concursal (cierre de empresas), laboral (ERTEs, despidos, cambios de condiciones laborales) y familiar (nuevos divorcios y modificación de medidas de procedimientos de familia ya finalizados).

Por este motivo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha preparado un documento que anticipa algunas de las medidas que proponen para hacer frente a un más que posible desbordamiento de los juzgados. Aquí pueden encontrar un resumen del mismo.

Más medios y prioridad a casos más sensibles

Entre las medidas que se proponen en este apartado figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en otras jurisdicciones, así como la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales.

En cuanto a las medidas específicas dentro de cada orden jurisdiccional, destacamos las siguientes:

- En derecho de familia, se prevé un claro aumento de litigios motivados por un cambio en las circunstancias laborales de los progenitores afectados por un despido o ERTE, así como multitud de solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes durante el estado de alarma. Además ya se ha documentado la llegada de un mayor número de nuevos divorcios.

Para apoyar a los órganos especializados en esta materia, ya claramente sobrecargados, se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados, la inmediata puesta en marcha de los Juzgados nuevos previstos (marzo y junio), y establecer un trámite de ejecución rápido para peticiones de compensaciones de regímenes de visitas + info.

- En derecho mercantil, el principal impacto de la pandemia de COVID-19 sobre esta especialidad será la solicitud de procedimientos concursales y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible.

En este sentido proponen racionalizar el trabajo de las oficinas judiciales, agilizar los plazos de tramitación y permitir una nueva negociación de su deuda, lo que implicará, casi con total seguridad, una reforma de la Ley Concursal.

- Para la relación entre empresas y empleados (orden jurisdiccional social) la pandemia de COVID-19 va a producir un fuerte impacto por el incremento despidos, extinciones de contrato, reclamaciones de salarios por desempleo, determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Se solicita un Plan extraordinario de ámbito nacional para apoyar con más recursos a los juzgados y tribunales del orden social e introducir cambios legislativos para tratar de manera urgente (aunque sea transitoriamente) las reclamaciones por despido.

Además, destacan las propuestas en temas contencioso-administrativo de “legitimación colectiva” de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones (lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles) y en procesos penales la posibilidad de dictar sentencia oral en delitos leves.

Todos debemos colaborar

Según Belén Gómez, socia fundadora de Gómez Laguna Abogados y especialista en derecho de familia, es fundamental la colaboración de la población, que ya ha mostrado sobradamente su madurez y solidaridad en estos días, para evitar un colapso en la Justicia que nos afectaría a todos. “En situaciones de gran estrés, como las que vivo habitualmente en el despacho, llegar a un acuerdo es complicado; siempre hay temas objetivos para la disputa pero, en la mayoría de los casos, son más los impulsos subjetivos, las emociones, las que impiden la recomendable solución win-win“. Y termina “siempre es mejor ceder algo más en un acuerdo que un pleito”.

En la parte de familia, se aconseja hacer un esfuerzo todavía mayor al habitual por llegar a soluciones de mutuo acuerdo. Esto supone, además de un ahorro muy importante en los costes en situaciones de especial vulnerabilidad familiar, una solución mucho más rápida con los juzgados sobrecargados y, lo que es más importante en general y más en estos momentos, minimizar los costes emocionales en toda la familia, principalmente para los hijos en los casos en los que los haya.

Sea por acuerdo entre la pareja o mediante procedimiento judicial, en estas circunstancias tan especiales, se abren más posibilidades de poder gestionar todo de manera digital y a través de videoconferencia.

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