La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha modificado de manera inesperada y sin negociación la estructura de las pruebas de acceso a Grado Superior, repitiendo la misma dinámica que ya aplicó recientemente en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. El nuevo texto, publicado en noviembre, altera completamente las reglas del juego: incorpora una asignatura obligatoria de “Digitalización” sin currículo oficial, sin materiales didácticos y sin profesorado especializado en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), y elimina materias como Historia de España, Dibujo Técnico o Geografía, que miles de aspirantes ya estaban preparando desde septiembre.
La resolución aprobada contradice directamente al Decreto 187/2021, norma de rango superior que regula estas pruebas y que continúa plenamente vigente y coloca a los centros en un conflicto legal sin precedentes, al exigirles aplicar una estructura de prueba que contradice la regulada por el decreto vigente. Para CCOO, esta actuación supone un golpe directo a la seguridad jurídica y a la confianza legítima del alumnado, que ha planificado estudios, horarios, conciliación y recursos económicos conforme a una normativa estable que ahora se altera a mitad de curso.
La nueva asignatura de Digitalización se introduce sin currículo oficial, sin contenidos definidos, sin criterios de evaluación y sin materiales de referencia. Los CEPA no cuentan con profesorado de Informática o Tecnología —las plantillas están cerradas desde septiembre—, lo que hace imposible impartir la materia con garantías. La Administración exige, por tanto, examinar a miles de personas adultas de una asignatura inexistente a efectos académicos, generando una situación de arbitrariedad incompatible con un sistema educativo serio.
A nivel organizativo, los centros se encuentran ante un escenario absolutamente inviable: los horarios y programaciones didácticas aprobados en septiembre deberían rehacerse íntegramente para adaptarse a la nueva estructura, afectando al conjunto del funcionamiento escolar. Los equipos directivos se ven atrapados en un conflicto legal evidente y el profesorado podría verse obligado a impartir materias fuera de su especialidad, con impacto en la calidad educativa y en sus derechos laborales.
Para el alumnado, el perjuicio es doble: académico y patrimonial. Miles de personas llevan meses preparando asignaturas que ahora desaparecen sin previo aviso, tras haber invertido tiempo, esfuerzo y recursos económicos —incluida la matrícula de los cursos preparatorios en los CEPA—. La introducción tardía de una materia sin referentes y la eliminación de otras convierte la preparación de la prueba en una tarea imposible en el tiempo restante, especialmente para un colectivo que compatibiliza estudios con trabajo, cuidados y otras responsabilidades.
A pesar de que los cambios afectan de manera directa a los horarios, la asignación docente y las condiciones de trabajo del profesorado, la Consejería no ha negociado esta modificación con las organizaciones sindicales, incumpliendo la obligación legal de consulta previa.
Ante este escenario, CCOO exige la nulidad de los apartados de la resolución que modifican la estructura de las pruebas y que, con carácter subsidiario, se mantenga para esta convocatoria la estructura prevista en el Decreto 187/2021. Asimismo, reclama la convocatoria urgente de una mesa de negociación que permita abordar cualquier reforma futura con planificación, participación y garantías. CCOO, junto con la Asociación de Directores y Directoras de Educación de Adultos (ADEACAM) y la red de CEPA, insta a la Consejería a una rectificación inmediata que garantice los derechos del alumnado, la estabilidad del sistema y el futuro educativo de miles de personas adultas.