La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid denuncia la falta de coherencia de la política educativa de la Comunidad de Madrid. Mientras el Gobierno regional impulsa medidas para limitar el uso de dispositivos digitales en los centros escolares, la Consejería de Digitalización ha anunciado una inversión de 7.743.676,99 euros para el suministro de equipos tecnológicos destinados a Primaria y Secundaria.
Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 19 de marzo de 2026, el Ejecutivo autonómico ha licitado el contrato de “Suministro de equipos tecnológicos (Fase II)”, estructurado en 13 lotes que abarcan desde impresoras 3D y robótica de suelo hasta dispositivos que contradicen abiertamente el discurso oficial de “desconexión digital”.
CCOO Educación Madrid denuncia que esta doble estrategia genera incertidumbre en los centros y traslada al profesorado la responsabilidad de gestionar recursos tecnológicos sin un marco pedagógico claro. Son especialmente llamativos los siguientes lotes contemplados en el contrato:
Para la Federación de Educación, no es posible cuestionar simultáneamente el uso de dispositivos digitales en las aulas y promover su implantación masiva sin definir con claridad su función educativa. Para CCOO Educación Madrid, esta licitación —firmada por la Secretaria General Técnica de la Consejería, Judit Díez Manzanedo— responde más a una estrategia de ejecución presupuestaria del Programa Escuela 4.0 que a un modelo educativo coherente.
La Secretaria General de la Federación, Aída San Millán, señala:
“La educación pública necesita estabilidad, planificación y criterios pedagógicos sólidos, no decisiones contradictorias que convierten los centros en escenarios de ensayo. Es inadmisible que, mientras se estigmatiza el uso de pantallas, la Administración firme contratos con un plazo de ejecución de tan solo 150 días para inundar las aulas con más tecnología sin el acompañamiento docente necesario.”
El sindicato exige que el presupuesto educativo se destine a cubrir las necesidades reales de los centros y no a compras millonarias desconectadas de una hoja de ruta pedagógica coherente con la normativa que la propia Comunidad de Madrid pretende imponer.