La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva Ley de Medidas Urgentes que ampliará la oferta de vivienda protegida y reducirá los plazos de construcción. Esta normativa busca adaptar el ritmo de edificación a la creciente demanda del mercado, impulsada por el aumento poblacional. Se estima que se crearán más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años, introduciendo incentivos para aumentar la densidad y edificabilidad sin necesidad de nuevos suelos. Además, se permitirá incrementar la altura de los edificios y facilitar cambios de uso en terrenos privados. La ley también incluye medidas para agilizar la tramitación urbanística y limitar el número de plazas de aparcamiento por vivienda, todo con el objetivo de reducir cargas burocráticas y acelerar el acceso a viviendas asequibles.
La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar la oferta de vivienda protegida y acortar los plazos de construcción mediante una nueva normativa de Medidas Urgentes. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Gobierno, busca adaptar el ritmo de edificación a la creciente demanda del mercado, impulsada en gran medida por el notable aumento poblacional registrado en los últimos años.
Con esta legislación, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias, al tiempo que aborda el déficit estructural de inmuebles. El proyecto fue presentado en noviembre de 2025 por la presidenta Isabel Díaz Ayuso como parte del Plan de Choque de Vivienda 2026/27, y responde a la descompensación entre la creación de hogares y la velocidad de construcción. Se estima que estas medidas permitirán generar más de 18.000 viviendas en un periodo de cuatro años.
Entre las principales características de esta normativa se encuentran incentivos para aumentar la capacidad residencial sin necesidad de consumir nuevo suelo. En concreto, se permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida.
Además, se autoriza aumentar la altura de los edificios hasta dos plantas adicionales para llevar a cabo estos incrementos, sin requerir modificaciones en el planeamiento urbanístico. Los municipios tendrán la facultad de decidir sobre la aplicación de estos cambios excepcionales y urgentes durante un periodo limitado: dos años para solicitar licencias y tres para ejecutar las obras.
La nueva legislación también amplía las posibilidades para cambiar el uso de terrenos y edificaciones. Esto incluye facilitar la construcción de viviendas con protección pública en suelos dotacionales privados y permitir transformar inmuebles destinados a oficinas en residencias, ampliando este plazo por dos años más.
En respuesta a los altos costos asociados con la construcción, se establece una limitación a una única plaza de aparcamiento por vivienda, reduciendo así la exigencia actual que establece una y media.
La normativa introduce el silencio administrativo positivo para acelerar los trámites urbanísticos; si no se emiten informes sectoriales dentro del plazo de tres meses, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo excepciones relacionadas con el dominio público. Para ello, se modificarán diversas leyes autonómicas eliminando requisitos iniciales mientras se mantienen obligatorios antes de la aprobación final. El objetivo es claro: reducir plazos y cargas burocráticas en los proyectos.
Más iniciativas habitacionales
Esta Ley de Medidas Urgentes comenzará su tramitación parlamentaria y complementa otras iniciativas del Gobierno regional en materia habitacional, como es el caso del Plan Vive. A través de este programa público-privado, ya se han entregado 5.363 hogares bajo modalidad de alquiler asequible en diez localidades, cifra que aumentará con otras 3.000 viviendas previstas para 2026.
El objetivo es construir 14.000 nuevas casas bajo este formato durante la presente legislatura. Recientemente se adjudicaron las primeras 3.352 viviendas dentro del Plan Vive Solución Joven, destinado exclusivamente a personas menores de 35 años, además otras 2.100 serán construidas por la Agencia de Vivienda Social (AVS) para familias vulnerables.