La Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva Ley de Accesibilidad que actualizará la normativa vigente desde 1993. Esta iniciativa busca eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La nueva ley incluirá medidas para garantizar la accesibilidad en urbanismo, transporte y espacios naturales, así como requisitos para nuevas construcciones y rehabilitación de edificios. Se habilitará un periodo de consulta pública para recoger opiniones de ciudadanos y organizaciones. El objetivo es promover una vida autónoma y segura, eliminando situaciones de discriminación.
La Comunidad de Madrid se encuentra en proceso de actualizar la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, con el objetivo de reemplazar la normativa vigente desde 1993. Esta nueva legislación busca adaptar el marco legal a las necesidades actuales, mejorando así la movilidad, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad y otros colectivos.
En una reciente reunión del Consejo de Gobierno, se autorizó la publicación en el Portal de Transparencia de una consulta pública previa. Este proceso permitirá recoger las opiniones de los ciudadanos y organizaciones representativas en esta área. Los interesados tendrán un plazo de 20 días para presentar sus sugerencias a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
La futura ley incluirá medidas innovadoras que fomenten la integración en diversos ámbitos, como el urbanismo, la edificación, el transporte y el medio natural. Entre las novedades destacadas, se regularán las condiciones de acceso a espacios naturales protegidos y los criterios de accesibilidad que deberán cumplir instalaciones temporales y elementos provisionales, tales como carpas o escenarios.
Asimismo, se establecerán obligaciones y requisitos tanto para las promociones de vivienda nueva como para la rehabilitación de edificios existentes. La normativa también reforzará los mecanismos de control mediante evaluaciones periódicas e indicadores específicos para asegurar su cumplimiento, además de implementar un régimen sancionador para aquellos casos que no cumplan con lo establecido.
El Ejecutivo autonómico tiene como meta crear condiciones adecuadas que permitan a los ciudadanos llevar una vida autónoma, accesible y segura. Se busca garantizar una participación plena y efectiva en la sociedad, eliminando situaciones de discriminación y desigualdad provocadas por barreras físicas, sensoriales o cognitivas.