La Comunidad de Madrid ha incrementado su inversión en el Sistema público para la Autonomía y Atención a la Dependencia, alcanzando un récord histórico cercano a los 400 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de 3,9 millones de euros para financiar prestaciones económicas dirigidas a más de 87.000 beneficiarios. Estas ayudas se dividen en cuidados en el entorno familiar, servicios acreditados y asistencia personal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas en situación de dependencia. Este aumento responde a la creciente demanda y al compromiso del Ejecutivo autonómico con el bienestar social.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una ampliación de 3,9 millones de euros en la inversión destinada a las prestaciones económicas para los beneficiarios del Sistema Público para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con esta decisión, se establece un nuevo récord histórico en este ámbito, alcanzando casi 400 millones de euros en inversiones durante el presente año.
Esta medida se suma a un gasto anticipado autorizado a finales del año anterior por un total de 384,5 millones de euros, que tenía como objetivo garantizar el abono de ayudas previamente reconocidas y atender nuevas solicitudes previstas para 2025. En mayo, esta cifra se incrementó en 3,5 millones, elevando el total a 388 millones; posteriormente, en julio, se añadió otra ampliación de 8 millones, alcanzando así los 396 millones. Ahora, con la nueva inyección financiera, el monto total asciende a 399,9 millones.
Con el fin de hacer frente al aumento esperado en el número de beneficiarios en los próximos meses, el Ejecutivo regional ha aprobado esta inversión adicional que permitirá financiar apoyos para más de 87.000 madrileños durante este año.
Las prestaciones económicas se clasifican en tres categorías: cuidados en el entorno familiar, servicios vinculados y asistencia personal. La primera consiste en una ayuda económica mensual destinada a cubrir los gastos derivados del cuidado de personas dependientes en sus hogares. La segunda categoría complementa la financiación del costo de servicios proporcionados por recursos sociales privados acreditados y elegidos por los ciudadanos. Por último, la asistencia personal facilita una mayor independencia al beneficiario mediante el apoyo directo de un asistente personal que contribuye a su autonomía diaria y al desarrollo de su proyecto vital.