En España, las falsificaciones no solo suponen un agujero de 5.700 millones de euros al año1 y la pérdida de decenas de miles de empleos2, sino que cada producto falso incautado y destruido añade una carga ambiental.
Mientras muchas industrias invierten en materiales ecológicos, eficiencia energética o procesos verdes, existe un actor que socava esas mejoras: los productos falsificados. Lejos de ser un asunto solo de pérdidas monetarias o reputacionales, el comercio de lo falso es también una amenaza medioambiental.
Desde su producción hasta su destrucción, las falsificaciones operan al margen de cualquier regulador ambiental. Usan tintas tóxicas, plásticos de baja calidad y técnicas de manufactura contaminantes —sin filtros, sin controles, sin responsabilidad—. Al llegar al consumidor, estos productos tienen una vida útil corta: se rompen, se descartan pronto y rara vez pueden reciclarse. En muchos casos se hacen pasar por objetos “verdes” (botellas reutilizables, utensilios biodegradables, etc.), pero están fabricados de materiales de baja calidad que refuerzan el problema en vez de mitigarlo.
Incluso cuando son interceptados antes de llegar al mercado, el problema persiste: las incautaciones masivas frecuentemente acaban con la incineración de esos bienes, generando emisiones dañinas que contradicen la intención original de proteger a los consumidores y al mercado. Estos falsos productos socavan además la innovación verde: las marcas que apuestan por soluciones ecológicas pueden ver su ventaja diluida cuando los imitadores simplemente copian la apariencia sin respetar los estándares.
Las últimas estimaciones colocan el impacto económico de las falsificaciones en España en 5.700 millones de euros anuales1, y calculan que este fenómeno pone en riesgo cerca de 44.700 empleos2 en sectores clave como moda, perfumería o juguetes. En el ámbito cosmético, la pérdida económica ronda los 400 millones de euros3, con más de 3.600 empleos destruidos cada año3.
España ha respondido con un Plan Nacional e Integral de lucha contra la venta de falsificaciones (2023-2026)4 que contempla acciones de vigilancia, sanción y concienciación. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) alerta además de que este fenómeno acarrea no sólo perjuicios económicos, sino también amenazas para la salud, la seguridad y el medio ambiente4.
En lo que respecta al impacto ambiental nacional, muchos bienes incautados terminan en incineradoras o vertederos, generando emisiones y residuos críticos. Diversos informes proponen analizar la huella de carbono del ciclo completo de estos productos —desde su producción y transporte hasta su disposición final— para comprender su real magnitud ecológica4.
Hay que tener en cuenta que la huella de gases de efecto invernadero de bienes y servicios consumidos en España fue de unas 10,7 toneladas de CO₂ equivalentes per cápita5, incluyendo emisiones incorporadas en bienes importados. En la UE, las emisiones totales verificadas fueron aproximadamente de 356 millones de toneladas de CO₂ 6, lo que incluye todos los sectores.
En la Unión Europea, el comercio de bienes falsificados es un reto mayúsculo. En 2024, las autoridades aduaneras interceptaron 152 millones de unidades falsificadas7, con un valor estimado de 3,4 mil millones de euros7. En estudios previos, se calcula que estos bienes representaban hasta el 4,7 % del total de importaciones de la UE8, y que las pérdidas para las empresas legítimas alcanzan los 50.000 millones de euros8 al año, con la desaparición de 416.000 empleos8.
Los productos más interceptados incluyen juguetes, CD/DVD, etiquetas y envases, entre otros. Muchos se destruyen de modo similar al caso español —incineración o vertederos—, generando emisiones contaminantes y un gasto energético adicional igual de problemático que el perjuicio económico. En 2024, las autoridades europeas incautaron 22.000 toneladas de alimentos y 850.000 litros de bebidas falsificadas9.
Frente a este panorama, la UE ha reforzado la cooperación aduanera y las sanciones. Pero un reto adicional emerge: cómo manejar las incautaciones de forma ecológica, para no agravar el daño hacia el medio ambiente.
Para combatir este doble daño —económico y ambiental— se requiere una estrategia multifacética: regulación más inteligente, tecnologías de autenticación, educación ciudadana e innovación sostenible.
Los organismos deben tratar el daño ambiental de las falsificaciones con la misma severidad que el fraude económico, adoptando sanciones específicas por violaciones medioambientales y reforzando la cooperación internacional. Herramientas como rastreo (track-and-trace), empaques a prueba de manipulación y verificación digital (QR, apps) permiten seguir la cadena de autenticidad y prevenir ataques de falsificación. Es clave educar al público para que exija autenticidad, compre en canales verificados, denuncie productos sospechosos y valore la sostenibilidad genuina frente a imitaciones.
Las marcas tienen que integrar mecanismos de protección en el diseño del producto —por ejemplo, marcas invisibles, fibras trazables o componentes seriados— para que incluso sus versiones verdes sean seguras frente a imitadores. Integrar las políticas de propiedad intelectual con las ambientales y de consumo responsable es clave para frenar un problema que ya no es solo de seguridad económica, sino de supervivencia ambiental.
Referencias