La Comunidad de Madrid está finalizando un decreto que establecerá la caducidad de leyes autonómicas y la evaluación periódica de normas cada cuatro años. Este proyecto, respaldado por la Abogacía General, busca actualizar el marco jurídico para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos. Además, se priorizará el silencio administrativo positivo, facilitando así los trámites administrativos. La iniciativa responde al compromiso del Gobierno regional de mejorar la eficiencia administrativa y fue parte del programa electoral de 2023. Se incluirá una fase de consulta pública para fomentar la participación ciudadana en este proceso.
La Comunidad de Madrid se encuentra en la fase final de elaboración de un nuevo decreto que establecerá un marco temporal para la caducidad de ciertas leyes autonómicas, especialmente aquellas de carácter organizativo. Este proyecto también incluye la obligación de evaluar todas las normativas cada cuatro años, con el fin de garantizar su eficacia y adaptación a las necesidades actuales.
El avance en este proceso ha sido confirmado tras recibir un informe favorable por parte de la Abogacía General, que fue presentado al Consejo de Gobierno. En breve, se solicitará el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre el texto, cuya aprobación se prevé para el segundo semestre del presente año.
Este decreto tiene como objetivo proporcionar a los ciudadanos madrileños un marco jurídico más actualizado y seguro. Se enfoca en las normas que regulan el funcionamiento interno de las administraciones públicas, abarcando aspectos como estructuras, competencias y procedimientos. Entre las disposiciones que se verán afectadas están aquellas que regulan la actividad de órganos colegiados y el régimen de la Mesa de Diálogo Social.
La normativa también establece que se debe realizar al menos una evaluación ex post antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos donde una ley establezca otro plazo. Esto permitirá verificar si las medidas implementadas han logrado los objetivos previstos o si requieren ajustes.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa tendrá un año para presentar una propuesta que revise los procedimientos administrativos. El propósito es priorizar el silencio administrativo positivo cuando no haya una resolución expresa dentro del plazo establecido, beneficiando así a los ciudadanos.
Esta iniciativa forma parte del compromiso asumido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para avanzar hacia una administración más eficiente y centrada en el ciudadano. La medida fue anunciada durante el último Debate sobre el Estado de la Región y figura en su programa electoral para 2023.
El proceso evaluativo incluirá una fase de consulta pública destinada a fomentar la participación tanto de ciudadanos como de empresas. Esta etapa culminará con un informe elaborado por la consejería correspondiente. Los criterios adicionales serán establecidos por la mencionada Comisión Interdepartamental.
Asimismo, se contempla que las disposiciones reglamentarias organizativas perderán vigencia cinco años después de su entrada en vigor, a menos que una evaluación ex post determine su necesidad continua.
La propuesta también introduce un procedimiento abreviado para ciertas leyes cuya naturaleza lo permita, siempre que hayan superado todos los controles necesarios. Este mecanismo será similar a la tramitación en lectura única en la Asamblea y permitirá reducir significativamente los plazos administrativos.
A través de esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca disminuir el exceso normativo con miras a impulsar la actividad económica, atraer inversiones y facilitar procesos para los ciudadanos. El enfoque principal es simplificar y modernizar el marco legal existente, eliminando cargas burocráticas y fortaleciendo así la seguridad jurídica tanto para residentes como para empresas e inversores.