La Comunidad de Madrid se encuentra en la fase final de una reforma destinada a mejorar y actualizar la regulación de los centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados. En este contexto, el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la publicación de un nuevo proyecto de Decreto en el Portal de Transparencia.
El objetivo primordial de esta iniciativa es ofrecer una atención más efectiva a los ciudadanos en el ámbito de la salud, al mismo tiempo que se incrementa su seguridad jurídica y protección. Asimismo, se han considerado las necesidades de los profesionales encargados de proporcionar estos servicios.
Nuevas regulaciones y control
El mencionado Decreto establece los requisitos mínimos para la práctica de la telemedicina en diversas disciplinas, incluyendo psicología y fisioterapia. Además, introduce un control más riguroso sobre la publicidad sanitaria, asegurando que esta cumpla con criterios éticos y deontológicos para evitar mensajes engañosos o prácticas comerciales inapropiadas.
El proyecto también aborda el procedimiento específico para los programas de garantía de calidad relacionados con las radiaciones ionizantes, como las generadas por equipos de rayos X. Igualmente, se contemplan los servicios complementarios que pueden ofrecerse en clínicas dentales y estéticas.
Mejoras administrativas
Entre las mejoras propuestas en el nuevo texto se encuentran cambios significativos en los regímenes jurídicos y procedimientos de registro o autorización, que ahora se extienden de 8 a 10 años. También se prevé una reducción en los plazos administrativos para la apertura de complejos sanitarios, así como una disminución del 40% en la documentación requerida a los solicitantes.
Adaptación a normativas europeas
Por otro lado, el proyecto aprobado amplía a universidades y empresas el procedimiento de declaración responsable necesario para llevar a cabo estas actividades. La nueva legislación actualiza normas previamente aprobadas por la Administración autonómica en 2003, modificadas posteriormente en 2018 y 2023, alineándolas con las disposiciones estatales y europeas.
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