La cifra de las comisiones ilegales, pagadas por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP, entre ellos, Pozuelo de Alarcón, alcanza la friolera de diez millones de euros. Tras recibir el dinero, la trama lo repartía con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.
Estos datos se desprenden del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que sigue investigando el Tribunal Superior de Madrid, que ya ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial centra sus pesquisas en documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares, conversaciones grabadas a los miembros de la trama y la contabilidad de la red Gürtel. Gracias a esta documentación se puede dilucidar que las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.
Concretamente, Constructora Hispánica efectuó seis pagos de 4.192.000 euros a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Según el informe policial, es la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. Y la empresa logró, entre otros, contratos en obras municipales de Pozuelo de Alarcón, cuyo ex alcalde, Jesús Sepúlveda, esta imputado en el Caso Gürtel.
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