La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha participado este martes en el encuentro telemático de las 31 ciudades que se oponen al Real Decreto de medidas financieras acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Pérez Quislant ha vuelto a denunciar que “el PSOE haya acordado mediante decreto quitarnos nuestros ahorros, cuando han visto que conjuntamente tenemos depósitos por 15.000 millones”. La regidora ha querido subrayar que esos depósitos son “fruto de ajustarnos el cinturón en la anterior crisis, de gestiones efectivas” y que “pertenecen a los impuestos que han pagado nuestros vecinos para destinarlos a servicios locales”.
Tras el encuentro, que ha sido por videoconferencia, losa 31 municipios, gobernados por distintas formaciones políticas, han publicado una declaración conjunta en la que han reivindicado “el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”.
Asimismo, han subrayado que “el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita”. “Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario”, han demandado.
Por ello, han vuelto a mostrar claramente su rechazo al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda “por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”. “Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”, han puesto de manifiesto.
Por otro lado, han constatado que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso. En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, han solicitado la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevan semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.
Por último, han solicitado el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que han pedido que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten.
Los municipios firmantes de este acuerdo son Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
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