Este cambio legal evitará que sea directamente el Estado quien recaude y redistribuya unos fondos que, prácticamente en su totalidad (90%), proceden de los bolsillos de los contribuyentes de la región, según los datos aportados por el propio Ministerio de Hacienda.
De esta forma, y tras el fallo ayer del Tribunal Constitucional al recurso de la Comunidad de Madrid –y presentado también por otras CCAA ante el TC- que coinciden en considerar que el impuesto de Solidaridad atenta contra su autonomía fiscal y, además, grava dos veces la misma base imponible, el Ejecutivo autonómico estudiará nuevas rebajas con el fin de devolver lo recaudado a los ciudadanos madrileños.
Según un informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, este cambio en la normativa de Patrimonio se introducirá mediante una Proposición de Ley ante la Asamblea de Madrid, que ya se ha registrado este martes.
La iniciativa parlamentaria –a través del grupo mayoritario de la Cámara legislativa-, modificará la bonificación vigente en el impuesto de Patrimonio para que las personas que tienen que presentar el estatal de Solidaridad lo abonen a través del tributo de gestión autonómica. Se trata de aquellos declarantes con un patrimonio a partir de 3 millones de euros.
De igual manera, los contribuyentes a los que no afecte el nuevo impuesto aplicado por el Gobierno de España seguirán sin pagar el de Patrimonio al estar bonificado al 100%. El objetivo es que pueda entrar en vigor en 2023.
Bonificaciones ante un impuesto injusto
El impacto de la modificación de la bonificación, junto a la aprobación de la nueva tarifa, se estima que afectaría a 10.302 declarantes, con una recaudación de 555 millones de euros anuales. Esta eliminación se prolongará hasta que siga vigente el impuesto de Solidaridad que fue introducido inicialmente por el Gobierno de la Nación con carácter temporal para 2023 y 2024.
Hay que recordar que la Comunidad de Madrid tiene bonificada la cuota del impuesto de Patrimonio desde hace ya 15 años, por considerarlo una medida fiscal injusta e ineficaz, siendo España el único país del conjunto de la OCDE que lo mantiene.
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