En la rotonda principal que da acceso a esta colonia, existe una parcela vacía de
1.129 metros cuadrados que genera temor y preocupación entre los vecinos. ¿La razón? En julio de 2024, la
Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), que depende del ministerio de Hacienda y es propietaria de estos terrenos, lanzó una licitación pública para el derecho de superficie durante 25 años, con un canon mínimo anual establecido en
47.000 euros. La adjudicación se llevó a cabo en enero de 2025, resolviéndose por apenas
1.000 euros más que el precio inicial. La empresa ganadora fue
Gesmonher 62 SL, perteneciente al grupo distribuidor de gasóleo
Jihupa.
El propósito es edificar una estación de servicio que contará con dos surtidores y dos puestos para carga eléctrica. Esta parcela colinda en dos lados con viviendas y en otro lado con una residencia destinada a personas con discapacidad intelectual. En uno de esos lados, la estación estará adyacente a una vivienda unifamiliar, mientras que en el otro lado, una calzada de ocho metros la separará de otros inmuebles.
La estación de servicio que se planea edificar ocupará una parcela de 1.130 metros cuadrados, la cual pertenecía al Ministerio de Hacienda y ha sido cedida. En la Colonia, donde residen 700 familias, los vecinos solicitan al Ayuntamiento que no otorgue la licencia para su construcción. Argumentan que en la zona ya existen otras gasolineras, lo que hace innecesaria la nueva instalación.
Aunque Hacienda afirma que la licitación se realizó a través de un procedimiento público que cumple con todas las garantías legales, el Ayuntamiento de Pozuelo ha enviado una carta a la ministra Montero para solicitar un cambio en esta situación.
“Una vez más se demuestra que el Gobierno de España se empeña en perjudicar a los vecinos de Pozuelo y, específicamente, a los residentes de Colonia de los Ángeles al instalar una gasolinera en un entorno totalmente residencial”, declaró Paloma Tejero, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
En España, son los Ayuntamientos quienes determinan mediante su normativa urbanística la distancia mínima entre gasolineras y áreas residenciales. “En Pozuelo es de cero metros”, lamenta María Gómez, portavoz de la ‘Plataforma Vecinal Pozuelo Sureste’, creada este mismo año para abordar algunos problemas en esta zona del municipio. “Por lo que en este caso va a estar literalmente pegada a viviendas”.
Los vecinos han identificado numerosas deficiencias en el proyecto: no se ha evaluado adecuadamente el impacto ambiental durante todas las fases del mismo ni su actividad. También falta una estimación sobre los niveles de presión sonora y vibraciones generadas, “siendo este un aspecto crucial en una zona residencial”. No se ha realizado un estudio exhaustivo sobre cómo los contaminantes atmosféricos afectan a la población cercana, ni hay análisis sobre el impacto en las aguas subterráneas, “considerando el entramado de arroyos presentes en la zona y el alto nivel freático”. Además, carecen de información respecto al horario de apertura y su posible efecto en términos de contaminación lumínica.
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