La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que contempla la creación de nuevas plazas de jueces para el año 2026. Según el Gobierno regional, este plan presenta importantes carencias que deben ser atendidas para garantizar su eficacia y adecuación a las necesidades del sistema judicial madrileño.
Entre las principales preocupaciones se encuentra el número insuficiente de plazas asignadas, que no se ajusta a la carga actual de trabajo en los órganos judiciales de la región. Además, el documento del Gobierno central carece de una memoria económica adecuada y no proporciona una previsión presupuestaria detallada, lo que podría comprometer la viabilidad del proyecto.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, expuso ante el Consejo de Gobierno que el informe enviado al Ministerio de la Presidencia destaca también la falta de garantías en cuanto al acceso a estas nuevas plazas. En particular, se señala que no hay una referencia clara al sistema de provisión, un aspecto esencial para asegurar la independencia judicial y fomentar la confianza ciudadana en la Administración de Justicia.
Por ello, el Ejecutivo autonómico considera fundamental que el Real Decreto establezca explícitamente que el acceso a las nuevas plazas se realizará únicamente mediante oposición libre, en línea con los principios constitucionales de mérito y capacidad.
Solicitud de modificaciones al proyecto
Además, se subraya que el proyecto carece de una memoria económica robusta y una previsión presupuestaria verificable que garantice la financiación necesaria para implementar las nuevas dotaciones y cubrir los costes asociados a su funcionamiento.
En consecuencia, la Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Ministerio correspondiente una revisión sustancial del proyecto. Esta modificación debería incluir un mayor número de plazas asignadas a la región y asegurar un acceso basado en méritos y capacidades, junto con un plan financiero completo que respalde un despliegue efectivo y acorde a las necesidades del sistema judicial.
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