La Comunidad de Madrid está a punto de transformar su sistema normativo mediante una serie de cambios innovadores que permitirán la actualización periódica de las leyes autonómicas. Esta iniciativa, que incluye la introducción de fechas de caducidad en algunas normas y su revisión cada cuatro años, es parte del compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para avanzar hacia una Administración más eficaz y centrada en el ciudadano.
En la reunión reciente del Consejo de Gobierno, se presentó un proyecto de decreto que regulará esta nueva estrategia, con la aprobación prevista para el primer semestre del año. Este decreto establece la obligación de realizar al menos una evaluación ex post de cada norma antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor, salvo excepciones específicas establecidas por ley.
Cambios en las leyes organizativas
El nuevo marco normativo también contempla la implementación de fechas de caducidad para las leyes autonómicas que tienen un carácter organizativo. Estas son aquellas que regulan internamente la estructura y funcionamiento de la Administración pública, sin abordar materias jurídicas generales. En este grupo se incluyen leyes relacionadas con el funcionamiento de órganos colegiados y decretos sobre los principios y actuaciones del Consejo para la Promoción del Comercio en Madrid.
Asimismo, se ha establecido que la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar una propuesta para revisar los procedimientos administrativos dentro del año siguiente a la implementación del decreto. El objetivo es priorizar el silencio positivo en caso de falta de resolución expresa dentro del plazo estipulado.
Evaluación y modernización normativa
El procedimiento para evaluar las normas incluirá una fase destinada a consultas públicas, promoviendo así la participación activa tanto de ciudadanos como de empresas. Al finalizar este proceso, se elaborará un informe por parte de la consejería correspondiente. Además, se prevé que las disposiciones reglamentarias organizativas pierdan vigencia cinco años después de su aprobación, a menos que su evaluación ex post indique lo contrario.
A través de estas reformas, el Gobierno busca determinar si las medidas implementadas han logrado sus objetivos o si necesitan ser ajustadas a las realidades actuales. La iniciativa también introduce un procedimiento abreviado para ciertas leyes simples que hayan superado los controles necesarios, lo cual permitirá reducir significativamente los plazos administrativos.
Impulso a la actividad económica
Con estos cambios, la Comunidad de Madrid tiene como meta continuar reduciendo el exceso regulatorio con el fin de fomentar la actividad económica, atraer inversiones y facilitar la vida cotidiana a sus ciudadanos. La simplificación y modernización del marco normativo existente son esenciales para eliminar cargas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas e inversores.
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