La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un importante protocolo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Este acuerdo, realizado con los colegios de abogados y procuradores, tiene como objetivo ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de la ocupación ilegal de viviendas. Durante el acto, Díaz Ayuso destacó que, aunque el Ejecutivo autonómico no cuenta con competencias para resolver este problema social, no se quedará “de perfil” ante la situación.
Gracias a este nuevo protocolo, los afectados no solo recibirán asistencia legal, sino que también tendrán acceso a representación procesal en los tribunales y atención psicológica a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Para facilitar esta ayuda, el Gobierno regional implementará un servicio especializado sobre ocupación mediante el 012 de Atención al Ciudadano, estableciendo una comunicación directa con el 112 Ocupación para atender las solicitudes de manera inmediata.
Compromiso con la justicia y la convivencia
Díaz Ayuso enfatizó la necesidad urgente de modificar las leyes que limitan la capacidad de los jueces para llevar a cabo expulsiones inmediatas de ocupas. Según sus palabras, esto permitiría actuar con mayor celeridad en los procedimientos judiciales. “Estos son síntomas de problemas profundos que no son inherentes a España o nuestra Constitución; son reflejo de quienes desde el poder evitan hacer lo correcto”, afirmó.
La presidenta también hizo hincapié en las consecuencias sociales que trae consigo este fenómeno: “Detrás de cada denuncia hay personas que pierden sus hogares y vecinos que ven alterada su convivencia”. Además, alertó sobre cómo muchas viviendas ocupadas pueden ser utilizadas para actividades ilegales como la trata de personas o narcotráfico.
Medidas concretas para apoyar a los afectados
Ayuso aseguró que el Gobierno madrileño está comprometido en proporcionar todas las herramientas necesarias para ayudar a los propietarios a recuperar sus viviendas y contener esta problemática. “Esto no solo se trata de delitos; también es una cuestión de derechos fundamentales”, subrayó.
Desde la implementación del servicio 112 Ocupación en junio de 2022 hasta finales de abril del presente año, se han registrado 4.041 llamadas relacionadas con este delito. En ese periodo, 246 ciudadanos reportaron ocupaciones en sus propiedades privadas, logrando evitar o proceder al desalojo en 44 casos.
El protocolo fue firmado por Díaz Ayuso junto a los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y otras instituciones jurídicas relevantes.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 4.041 |
Llamadas recibidas por el teléfono 112 Ocupación desde junio de 2022 hasta abril de 2025. |
| 246 |
Ciudadanos que alertaron sobre este delito en su propiedad privada durante el mismo periodo. |
| 44 |
Veces en las que se pudo evitar o proceder al desalojo de una vivienda. |
Si (
No(