El escándalo urbanístico de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, llega al Parlamento Europeo. Más Madrid ha llevado ante la Comisión Europea la denuncia por la destrucción de un valioso ecosistema mediterráneo a causa de un proyecto urbanístico que ya ha arrasado encinas y pinos piñoneros centenarios, sin una evaluación ambiental adecuada. La pregunta ha sido registrada a través del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, a iniciativa de Más Madrid.
El área afectada es hogar de especies protegidas como el águila imperial, el buitre negro, los milanos real y negro o el búho real, y está amparada por la Directiva europea de Hábitats (92/43/CEE). A pesar de la suspensión cautelar de las obras ordenada por un juzgado madrileño, las máquinas siguen amenazando uno de los últimos espacios naturales del municipio.
“No se trata solo de un desastre ecológico, se trata de un pelotazo urbanístico a costa de nuestro futuro común. Quieren convertir un bosque en un barrio de lujo. Y lo hacen incumpliendo normas europeas y con total impunidad”, ha declarado Patricia Cabal, portavoz de Más Madrid en Pozuelo.
Desde Bruselas, el eurodiputado Vicent Marzà ha registrado una pregunta parlamentaria para que la Comisión Europea se pronuncie sobre la legalidad del proyecto y aclare qué medidas piensa tomar para garantizar que se cumpla la normativa ambiental europea.
“No podemos permitir que se arrasen los hábitats protegidos en nuestros municipios para construir viviendas de lujo, que es otra forma de privatizar lo que es de todos para el disfrute de unos pocos. La naturaleza madrileña vale más que el lucro del sector inmobiliario”, ha afirmado Manuela Bergerot, portavoz de Mas Madrid en la Asamblea de Madrid
La pregunta registrada cuestiona si el proyecto urbanístico de Montegancedo es compatible con la Directiva de Hábitats, con la Estrategia de Biodiversidad 2030 y con los principios del Pacto Verde Europeo. Además, se pide a la Comisión que valore la necesidad de reforzar los mecanismos de control y sanción para frenar este tipo de proyectos que se ejecutan al margen de las evaluaciones ambientales obligatorias.
“Lo vamos a parar en los tribunales, en las calles y ahora también en Europa”, concluye Patricia Cabal.
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