La decisión del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), ha puesto en duda su futuro. Esta medida ha provocado una reacción rápida por parte del Gobierno. La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado alegaciones y un recurso de reposición dentro del plazo legal establecido, con el fin de detener la clausura de este centro, que actualmente ofrece 570 plazas para quienes solicitan asilo, según informaron fuentes del Ministerio de Inclusión.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el Partido Popular (PP), argumenta que la actuación del Ministerio es simplemente un trámite habitual en estos casos y enfatiza que la presentación de alegaciones y recursos no cambia la decisión de cerrar el centro. Desde el consistorio, se insiste en que el Creade no posee la licencia adecuada para su uso, ya que la autorización vigente desde 2013 corresponde a un centro destinado a formación con auditorio y garaje, no a uno enfocado en la atención a migrantes.
La organización no gubernamental Accem es la encargada de la gestión del Creade de Pozuelo, que actualmente tiene ocupadas 395 plazas. De estas, 178 son ocupadas por ciudadanos ucranianos, mientras que el resto se distribuye entre personas de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29). La mayoría de los residentes son familias, algunas con menores a su cargo.
El proceso administrativo para cerrar el centro comenzó en julio, cuando el ayuntamiento argumentó que no contaba con una licencia específica para las actividades que se realizan allí. Esta iniciativa fue respaldada por la Comunidad de Madrid y el PP, y cobró fuerza tras conocerse la posibilidad de que el Gobierno trasladara a 400 menores solicitantes de asilo desde Canarias a estas instalaciones. Tanto el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso como el municipal de Pozuelo expresaron su desacuerdo con esta medida.
Inaugurado en marzo de 2022, el Creade de Pozuelo surgió como respuesta a la emergencia migratoria generada por la invasión rusa a Ucrania. Fue el primer centro de este tipo en España, seguido posteriormente por otros tres en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante). Su principal función es recibir y asistir a personas desplazadas por conflictos, gestionando su protección temporal en España en menos de 24 horas, lo que incluye la concesión de permisos de residencia y trabajo, así como acceso inmediato a servicios sociales. Desde marzo de 2023, el centro amplió su atención para incluir solicitantes de asilo de otras nacionalidades además de la población ucraniana, abarcando también familias con menores.
A principios de julio, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez anunció su plan para reubicar aproximadamente 400 menores migrantes no acompañados en este centro de Pozuelo. La alcaldesa del municipio, Teresita Tejero, calificó esta decisión como “temeraria” e insistió en que las instalaciones “no reunían las condiciones” necesarias para alojarlos. Además, Tejero acusó al Gobierno de implementar una política migratoria “descontrolada” y exigió un reparto “serio y equitativo”. “Pozuelo ni se va a callar ni se va a acomodar, ni se va a estar quieto ante esta falta de información y lo que consideramos un atropello (...) El centro que tenemos está casi al borde de su capacidad”, advirtió la alcaldesa en declaraciones recogidas por Europa Press.
Si (
No(