La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto 556/2026, que busca extender el traslado forzoso de menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Este recurso fue formalizado por la Abogacía General el pasado 1 de septiembre, a instancias de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite.

El mencionado Real Decreto establece el número máximo de menores extranjeros no acompañados que cada comunidad autónoma puede acoger en su sistema de protección para este año, continuando con el reparto obligatorio iniciado en 2025. Este sistema fue implantado mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que actualmente está siendo impugnado ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, incluida Madrid.

Acciones judiciales en curso

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se encuentra involucrada en un total de seis acciones legales destinadas a contrarrestar diversas decisiones del Gobierno central relacionadas con la migración. Estas acciones están organizadas en cuatro bloques interrelacionados.

Entre las impugnaciones más destacadas se encuentra el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025 y otro ante el Tribunal Supremo respecto al Real Decreto 658/2025. La Comunidad argumenta que estas normativas invaden sus competencias exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social, además de cuestionar la validez del uso de un Real Decreto-ley para regular ciertos asuntos.

Cuestionamientos sobre los decretos

Además, se han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que establecen las capacidades que deben tener los sistemas de protección autonómicos para atender a menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo regional sostiene que es inapropiado que el Ministerio de Juventud e Infancia determine esta capacidad basándose en un decreto cuya constitucionalidad también se está disputando.

Asimismo, la Comunidad ha iniciado procedimientos judiciales específicos para suspender traslados concretos de menores hacia la región mientras se resuelve la cuestión constitucional relacionada con estos procesos. En otro ámbito relacionado con asilo y protección internacional, la Abogacía General logró una resolución del Tribunal Supremo en diciembre pasado que obliga al Gobierno central a asumir la responsabilidad por los menores solicitantes de asilo presentes en Madrid, reconociendo su competencia exclusiva en esta área.