La futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES) tiene como finalidad principal dotar de herramientas a las universidades de la región para incrementar y mejorar la docencia innovadora y la transferencia de conocimiento a la sociedad, según ha informado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El texto pretende dotar a los
centros académicos de herramientas que amparen e impulsen su competitividad nacional e internacional gracias, sobre todo, al diseño de un nuevo marco de financiación basado en criterios que promuevan la excelencia de nuestro sistema universitario. Trata también, mediante otras medidas como otorgar un mayor protagonismo al Consejo Social de las universidades, de potenciar la interlocución con los estudiantes.
Con la puesta en marcha de esta nueva Ley se cumple uno de los principales compromisos del Gobierno regional en materia de universidades. Madrid era, hasta ahora, el único gran sistema universitario (6 universidades públicas y 8 privadas) que carecía de una regulación específica.
Nuevo marco de financiación
La futura Ley propone articular un nuevo sistema de financiación que incluya una aportación fija que garantice un servicio público de calidad y, por otro lado, tenga una parte variable ligada al cumplimiento de determinados indicadores objetivos de la calidad. Esta parte de la financiación variable y plurianual tendría en cuenta criterios que puedan medir la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento de las universidades, como el número de publicaciones, el impacto de las mismas, la inserción laboral de los titulados, el uso de nuevas metodologías docentes o la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación, por citar algunos ejemplos.
Atracción y retención del talento
Un elemento clave en la calidad de los sistemas académicos está directamente relacionado con la retención del talento con el que cuentan actualmente las universidades y la capacidad para atraer a nuevos profesores e investigadores tanto de dentro como de fuera de nuestro país.
En este sentido, el borrador incluye medidas que favorecen la creación de figuras de profesorado que promuevan la movilidad internacional con convocatorias que se lleven a cabo con procedimientos objetivos y transparentes. Se trata también de poder flexibilizar y agilizar los mecanismos de selección actualmente existentes y permitir así que se pueda reclutar con mayor facilidad a profesionales de reconocido prestigio.
Consejo de Estudiantes Universitario
El impulso de la participación activa de los estudiantes universitarios madrileños es otro de los objetivos. La Comunidad constituirá el Consejo de Estudiantes Universitario, como órgano de representación y participación estudiantil en el sistema universitario madrileño. Además se fomentará la participación de los alumnos en la evaluación del profesorado mediante parámetros de docencia. Además, la futura Ley pretende impulsar la coordinación universitaria dentro del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES) para mejorar la oferta educativa y promover la cooperación entre universidades.
Meses de diálogo y trabajo previo
La Comunidad de Madrid lleva trabajando desde el inicio de la Legislatura en la elaboración de este proyecto de Ley. Un proceso que se ha caracterizado por el diálogo y el trabajo conjunto con la comunidad universitaria que se ha desarrollado a través de diferentes mesas de trabajo cuyas conclusiones se plasmaron en un documento de ideas que ha servido de base para este anteproyecto de Ley. Ese documento, titulado “La modernización del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior. Ideas para el debate”, se distribuyó el pasado mes de junio a toda la Comunidad educativa universitaria, a los sindicatos y a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid para su debate y análisis.
Una vez que se lleve a cabo el proceso de audiencia pública en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid de la memoria de este anteproyecto de Ley, será aprobado por el Consejo de Gobierno y posteriormente remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.