El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria analiza la propuesta del acuerdo de Gobierno de reducir de la jornada laboral

1. En dicho acuerdo, hay muchos aspectos perjudiciales para la economía, caracterizados por un nivel de intervencionismo considerable, donde se pretende reformar la ley de vivienda con el fin de ejercer un mayor control sobre el precio de los alquileres; implementar un 20% de vivienda pública, un aumento del salario mínimo interprofesional para preservar su poder adquisitivo; regular los términos del despido, lo cual conlleva una mayor rigidez en este ámbito. Además, se prevé la adopción de una reforma fiscal justa, que supondrá una subida de impuestos, a buen seguro, además de mantener los de la banca y empresas energéticas, que podría tener un impacto negativo en la atracción de inversiones. Es importante destacar la iniciativa de reducir la jornada laboral, que se propone disminuir de 37,5 horas en 2025, con una situación en 2024 de 38,5 horas, desde las 40 horas actuales, para llevarla, posteriormente, a una mayor reducción, con el objetivo final de 32 horas según las declaraciones de algunos dirigentes de alguno de los partidos firmantes.
   
   
2. Todo ello, supone un impacto negativo en la actividad económica, el mercado laboral y la prosperidad en general. La regulación de los alquileres ya ha demostrado tener efectos perjudiciales, lo que se traduce en una disminución significativa de la oferta en el mercado de alquiler y un aumento de los precios en las áreas no sujetas a regulación. Esto se debe a la expulsión de posibles inquilinos de las áreas reguladas hacia las no reguladas. En resumen, esta medida ha resultado en una menor oferta en el mercado de alquiler, menos posibilidades para los arrendatarios y precios más caros en media, y una disminución de la seguridad jurídica para los arrendadores, quienes optan por retirarsus viviendas del mercado de alquiler. Profundizar en una política de esta naturaleza solo agravaría la situación del mercado de alquiler.
   
   
3. Las medidas tributarias de mantenimiento de impuestos a banca y empresas energéticas y de la aplicación del tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el beneficio contable en lugar de sobre la base imponible aumentará la carga fiscal a soportar por las empresas -sólo la aplicación del IS sobre el beneficio contable representaría un impacto negativo a las empresas en 10.000 millones de euros- pueden incentivar la reubicación de empresas fuera de España, en busca de entornos más favorables para realizar su actividad, deslocalizando, así, el empleo que dicha actividad genere.
   
   
4. El aumento del salario mínimo supone un incremento de costes importante para las empresas, que cada vez tienen más difícil cubrirlos. Ese aumento, debe ser soportado por la generación de valor añadido suficiente para ello por los trabajadores. Si cada vez se sube más, será más difícil que lo puedan cubrir, con lo que puede conllevar una destrucción de empleo, un incremento de la economía sumergida, con todas sus consecuencias -situación irregular, pérdida de derechos, disminución de recaudación tributaria y por cotizaciones, aumento de prestaciones de desempleo- y una pérdida de actividad económica de las empresas que no puedan resistir este aumento de costes.
   
   
5. El aumento de la rigidez en las indemnizaciones por despido constituye otro obstáculo para que la economía pueda crecer. Los empresario evitan tener que despedir a sus trabajadores, ya que, además de los vínculos personales, ha invertido mucho en su contratación, formación y carrera profesional. Siempre es el último recurso, obligado, en muchos casos, porque la rigidez de la legislación laboral no permite otras medidas que hiciesen posible evitar la indemnización. Endurecerlo por ley no acabará con los problemas de las empresas, sino que las avocará a un cierre mayor, con un impacto más relevante en la destrucción de empleo.
   
   
6. Y con la reducción de la jornada laboral antes mencionada, implica costes adicionales a las empresas, que habrán de contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de producción, sin un aumento en la productividad, poder alcanzar el mismo nivel de producción. Adicionalmente, eso supone un incremento del salario de los trabajadores, al cobrar lo mismo con una reducción de la jornada, que provocará un efecto expulsión del mercado de trabajo. El riesgo identificado es que muchas empresas no podrán hacerlo, porque su estructura de costes no se lo permitirá. Eso hará que tengan que mantener su actividad con el mismo número de trabajadores y menos horas, lo que puede mermar actividad económica y competitividad en otros mercados, ya que no sólo hemos de pensar en el entorno nacional, sino que competimos en un mundo global y, por tanto, otras empresas, procedentes de otros países, podrán penetrar en los mercados españoles de manera más intensa, ya que serán más competitivas que las empresas españolas. Es decir: una pérdida de competitividad de las empresas españolas que provocaría esta reducción de la jornada laboral hará que las empresas españolas pierdan mercados exteriores, con la merma adicional de actividad y de empleo.
   
   
7. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%. En 2024, al quedarse en 38,5 horas, el efecto en el empleo sería de una reducción del 1,1%. Como en el plan presupuestario enviado a Bruselas se estima un crecimiento del empleo a tiempo completo del 1,4% para 2024, simplemente esta medida de reducción de la jornada laboral anulará, en la práctica, cualquier crecimiento del empleo en 2024, anulando ese 1,4% previsto, que será ya una reducción de empleo mayor a partir de 2025, con alta probabilidad de destrucción del mismo.
   
   
8. Si le unimos la propuesta sobre reforma de pensiones que desde el Observatorio Económico de la UFV se analizó, basado en un aumento del gasto a costa de una subida constante de las cotizaciones a pagar, le añadimos un coste adicional cada vez menos soportable por parte de empresas y trabajadores, que se ven lastradas por la carga regulatoria y la tributación.
   
   
9. Otras medidas, como la limitación de los vuelos domésticos o el cierre definitivo de las centrales nucleares, harán que la economía española pierda actividad económica y que sea más dependiente energéticamente, con un encarecimiento de la energía.

Las medidas en cuestión pueden tener un impacto negativo en la economía española. Lo que podría beneficiar a la economía no es solo el aumento de la productividad, sino también el fomento de una mayor cantidad de trabajo. Esto es esencial para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, aumentar nuestro potencial de crecimiento y establecer una base estructural sólida para el crecimiento, en lugar de depender de medidas artificiales que perjudican tanto a la economía como al mercado laboral.

Son, por tanto, medidas muy perjudiciales para la economía española, que lo que necesita no es que se trabaje menos, sino que se incremente la productividad, en primer lugar, y que se trabaje más, no menos, porque sólo de esa manera se podrá lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, aumentando nuestro crecimiento potencial y trazando una senda de crecimiento estructural potente, no basada en medidas artificiales que sólo perjudican a la economía y al mercado laboral.