El nuevo servicio 112 Ocupación, lanzado por la Comunidad de Madrid, brindará atención inmediata a los propietarios de inmuebles que se vean afectados. A través del teléfono 900 205 112, los perjudicados podrán acceder a todos los recursos públicos que la Administración autonómica ha dispuesto para combatir este fenómeno relacionado con delitos contra la propiedad privada. Con una sola llamada, se ofrecerá apoyo a quienes lo necesiten.

Hoy, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha detallado el funcionamiento de esta plataforma de asistencia e información. Esta herramienta está operativamente integrada en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), ubicado en la sede del 112, y ha comenzado a operar recientemente.

El nuevo servicio 112 Ocupación ha sido lanzado por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de brindar atención inmediata a los propietarios de inmuebles que se vean afectados. A través del teléfono 900 205 112, los perjudicados podrán acceder a todos los recursos públicos que ofrece la Administración autonómica para enfrentar este fenómeno relacionado con los delitos contra la propiedad privada.

Hoy se ha presentado una herramienta que forma parte de la Estrategia Regional de Seguridad Integral (ESICAM 179). El propósito de esta estrategia es ofrecer un marco integrador para las acciones y políticas relacionadas con la seguridad, que son promovidas por la Comunidad de Madrid dentro de sus competencias autonómicas. Esta iniciativa se lleva a cabo mediante una colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, destacando especialmente el papel de la Agencia de la Vivienda Social.

Actualmente, aproximadamente 4.300 viviendas en la región se ven impactadas por este serio problema. Este compromiso se está cumpliendo a través del servicio 112 Ocupación, el cual fue anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura en el verano de 2021.

El consejero ha indicado que “dentro de esta Estrategia contamos con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales relacionados con el desalojo de viviendas ocupadas. Esta medida es de gran relevancia, ya que cierra una brecha que los ocupantes ilegales solían aprovechar. Una de las situaciones que puede dificultar la obtención de la autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas que pertenecen a colectivos vulnerables o que están en riesgo de exclusión social, especialmente menores.”

En las Viviendas Sociales de la Comunidad de Madrid, este procedimiento no generará un daño para el ocupante habitual, ni ofrecerá una ventaja al usurpador. Esto se debe a que, gracias a las medidas implementadas, se previenen, en primer lugar, situaciones auténticas de desamparo, y, en segundo lugar, se evitan extensiones indebidas de la ocupación.

Se establece, de este modo, una actuación exprés, que incluye la activación inmediata de todas las administraciones involucradas. La tramitación rápida del expediente de recuperación se llevará a cabo junto con la movilización de las áreas de inspección y sociales, así como la elaboración del Informe Socioeducativo.

Una vez que se haya recopilado la información proveniente de los Servicios Sociales, se procederá a notificar a los Juzgados. De esta manera, nada obstaculizaría la adopción de las medidas necesarias para prevenir situaciones que puedan resultar en la pérdida del acceso a la vivienda.

“La Comunidad de Madrid se posiciona firmemente, expresando un rotundo no a los delitos vinculados con la ocupación ilegal de viviendas. Esta acción se realiza en consonancia con nuestro marco competencial y con total respeto a la legalidad actual”, ha indicado López.

“Esta herramienta es un componente clave de la Estrategia de Seguridad en la Comunidad de Madrid (ESICAM179). El CECOM, que pronto se presentará con más detalles a todos los ciudadanos de Madrid, ofrecerá respaldo a las funciones de las Policías Locales y a los grupos municipales de voluntarios de Protección Civil. Esto incluirá tanto la activación de sus planes como el apoyo en su actividad cotidiana”, ha comentado.

El consejero ha afirmado que el Ejecutivo autonómico genera 112 empleos, reconociendo que “la legislación estatal necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se beneficien injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas, ante unos hechos muy graves”.

Al llamar al 900 205 112, una persona podrá informarse sobre los aspectos legales relacionados con la ocupación ilegal de una vivienda y las opciones disponibles para defender su propiedad legítima en los tribunales. También tendrá derecho a recibir protección y asistencia de los cuerpos policiales. Además, se les ofrecerá apoyo a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), dado que ahora son reconocidas como tales.

Los ayuntamientos que están relacionados con el CECOM

En la actualidad, se cuenta con un convenio firmado con la Comunidad de Madrid, lo que permite la participación en el ámbito de la coordinación con el CECOM. Este acuerdo involucra a 18 ayuntamientos. Además, se deben incluir otros cuatro municipios que han proporcionado agentes de sus Policías Locales para llevar a cabo este servicio.

Actualmente, el Centro de Coordinación Municipal ofrece su servicio desde las 07:30 hasta las 23:30 horas. Durante este horario, se encuentran disponibles dos operadores, mientras que un policía está presente únicamente en la mañana, todos los días de la semana. En un futuro cercano, se implementará un turno nocturno.

En el caso de que la ocupación ilegal ocurra durante la llamada o en un plazo de 48 horas después, los operadores del CECOM llevarán a cabo un análisis preliminar de la situación. Si se determina que las circunstancias lo justifican como una emergencia, el caso se transferirá al 112, lo que permitirá la intervención inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Policías Locales.

Los agentes mencionados, quienes han sido capacitados de manera específica para esta tarea, llevarán a cabo una calificación jurídica. Sin embargo, en el caso de los expedientes que presenten una mayor complejidad, estos podrán ser enviados a uno de los dos inspectores de vivienda especializados que integran este servicio. Todo esto ocurrirá antes de que se lleve a cabo la intervención policial o las gestiones que se puedan realizar en las OAVD.