La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado una nueva medida que impactará a las personas condenadas por ocupación ilegal. Según su anuncio, estos individuos no podrán acceder a viviendas protegidas en la región durante un periodo de cinco años. Esta iniciativa fue presentada durante un encuentro informativo del Nueva Economía Fórum y formará parte del nuevo Reglamento de Vivienda, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación.

Nueva normativa en camino

Díaz Ayuso destacó que este reglamento prevé un periodo de audiencia e información pública antes de su aprobación, programada para el próximo mes de julio. La presidenta subrayó la importancia de esta medida como parte de los esfuerzos continuos para combatir la ocupación ilegal, a pesar de las limitaciones competenciales que enfrenta su administración.

El texto establece que cualquier persona con una condena firme por delitos relacionados con el allanamiento o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si la sentencia se dictó en los cinco años previos a la solicitud. Además, se introducirá un nuevo requisito: los solicitantes deberán demostrar un empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante al menos diez años antes de poder optar a una vivienda protegida.

Prioridad a residentes estables

Este cambio normativo busca priorizar a aquellos ciudadanos con una vinculación estable en la región y asegurar que los recursos públicos se destinen a quienes han contribuido continuamente al desarrollo madrileño. En este contexto, la Comunidad de Madrid continúa liderando en España la construcción de viviendas protegidas.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Plan VIVE, orientado al alquiler asequible, que ya ha generado 14.000 viviendas en diversas fases de desarrollo. Hasta ahora, 5.175 unidades han sido entregadas, y otras 3.200 están previstas para ser finalizadas en los próximos meses, mientras que 3.400 del Plan Solución Joven están actualmente en proceso de licitación.

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