La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión de los protocolos de valoración de riesgo en el sistema VioGén2, dirigido a proteger a las mujeres víctimas de violencia. Esta demanda fue discutida en la reciente reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Preocupación por el bajo nivel de riesgo
En este encuentro se destacó que tres de las cuatro últimas mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas desde octubre de 2025 estaban clasificadas como de riesgo bajo dentro de los cuatro niveles establecidos para su protección. La Dirección General de la Mujer ha expresado en reuniones técnicas con los Comités de Crisis del Ministerio de Igualdad la necesidad urgente de realizar un estudio específico y revisar exhaustivamente los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior para valorar a las víctimas.
Además, el Observatorio Regional ha señalado que cinco de las 13 mujeres presuntamente asesinadas en España durante este año habían presentado denuncias previas. También se han analizado las incidencias detectadas en el sistema de pulseras antimaltrato.
Incidencias en la atención a víctimas
La red pública que ofrece puntos de atención a mujeres, que incluye recursos municipales, centros de día y residenciales, ha reportado que 42 madrileñas incluidas en el sistema Cometa experimentaron problemas en su funcionamiento. Esto indica que aproximadamente una de cada tres usuarias ha sufrido algún tipo de incidencia. A pesar de los requerimientos realizados para obtener información sobre estas situaciones, los Ministerios de Igualdad y del Interior aún no han proporcionado respuestas.
Crecimiento en la atención a víctimas
En 2025, la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) atendió a un total de 4.810 víctimas de violencia contra la mujer, lo que representa un aumento del 16% respecto al año anterior.
Como parte de la Estrategia contra la Violencia de Género implementada por la Comunidad de Madrid, los servicios jurídicos regionales actúan como acusación popular en casos judiciales relacionados con muertes, lesiones graves o mutilaciones genitales. Desde su inicio en 2016, esta acción se ha llevado a cabo en 77 ocasiones, con 25 casos aún pendientes.
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