La inversión de la Comunidad de Madrid en las universidades públicas -979 millones de euros en 2018- supone un 58 % de los ingresos de estos centros de educación superior y el 0,43% del PIB regional. Así lo subrayó ayer el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, en el pleno monográfico sobre universidades que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid.
Durante su intervención en la cámara legislativa madrileña, Van Grieken aseguró que “esta inversión ha revertido en la economía madrileña con un 2,05 % del PIB regional y un 2,14 % de las rentas salariales de la Comunidad”. Además, remarcó que los empleos totales generados en la Comunidad de Madrid por la actividad de las universidades públicas madrileñas supusieron el 2,12 % del empleo a tiempo completo en la región, además de la generación de 44 empleos por cada millón de euros invertidos.
En su comparecencia en el Asamblea, el consejero Van Grieken felicitó a todos los agentes que hacen posible que la “universidad madrileña funcione bien”, tanto en lo académico –porque está sometida a los sistemas de acreditación y evaluación que establece la normativa europea derivada de Bolonia- como en lo económico –ya que todas las universidades, sus organismos, entes y sociedades dependientes están sometidas a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid-.
El consejero de Educación e Investigación recordó que actualmente hay más de 290.000 alumnos en las universidades madrileñas, de los que más de una cuarta parte provienen de otras comunidades autónomas y otros 30.000 son estudiantes extranjeros, lo que representa casi el 10 % del total.
Medidas sociales en beneficio de todos E
El consejero de Educación e Investigación aseguró que puede hacer “un buen balance de legislatura” en cuanto al aspecto universitario, ya que se han puesto en marcha medidas sociales que han beneficiado a miles de estudiantes y a las propias universidades.
En primer lugar, destacó la bajada de los precios públicos de los estudios universitarios oficiales durante cuatro años consecutivos. Una reducción del 22,5 % en las tasas de grado y un 35 % en las de máster. “Es, sin duda, una medida que contribuye a favorecer la igualdad de oportunidades, especialmente en la educación superior”, afirmó.
A esto, añadió el aumento en la financiación nominativa de las Universidades Públicas, que se ha visto incrementada desde el curso 2015/16 con compensaciones equivalentes a las reducciones en las tasas de los estudiantes. La cuantía incrementada de las nominativas de las universidades por este concepto supera los 126 millones de euros. “Como ven, un gran esfuerzo presupuestario y no meras palabras”, ha señalado Van Grieken.
En tercer lugar, la política de becas con diferentes convocatorias por valor de casi 35 millones de euros, entre ellas la nueva convocatoria de becas socioeconómicas para aquellos alumnos con situación más desfavorable. Para el consejero “se garantiza así, junto con la bajada de tasas, que nadie que lo merezca, se quede sin la oportunidad de estudiar”.
Y finalmente, en cuarto lugar, las plantillas, ya que el Consejo de Gobierno aprobó a finales de agosto la convocatoria de 966 nuevas plazas de personal indefinido entre docentes, investigadores, y personal de administración y servicios para todas las universidades públicas madrileñas: 89 plazas en la Universidad de Alcalá, 93 en la Autónoma, 42 en la Carlos III, 420 en la Complutense, 176 en la Politécnica y 146 en la Rey Juan Carlos.
Compromiso con un plan de financiación
El consejero de Educación e Investigación ha reclamado un marco normativo para la universidad madrileña que minimice las incertidumbres y permita una planificación básica de actividades a través de un modelo de financiación estable. Sin embargo, ha reconocido que sería “aconsejable” que ese marco normativo fuera posterior a la nueva Ley Orgánica de Universidades que el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades se ha propuesto elaborar.
Rafael van Grieken reiteró durante su discurso la necesidad de poner en marcha un Plan de Financiación “que permita una planificación rigurosa de la actividad de nuestras universidades públicas en función de la previsión de los recursos económicos, para así movernos en un marco previsible”. Y para ello el objetivo es conseguir –ha dicho- un incremento general entre el 18 % y el 20 % en la financiación hasta 2023 sobre la financiación de este año 2018.
Van Grieken ha recordado que con todas las universidades se establecería un contrato programa que garantizaría una adecuada programación financiera, incluyendo una parte variable en función de objetivos consensuados entre cada universidad y la administración. Tendrían una vigencia de cuatro años, si bien cada año podrían renovarse si hubiese presupuesto para su ampliación con acciones complementarias.
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