Antonio Alcázar, ordenó el miércoles, la práctica de ocho registros, cuatro de ellos en Madrid capital, uno en Pozuelo de Alarcón, uno en Navalcarnero, y dos más en Orihuela (Alicante), en el marco de las diligencias que se instruyen por el caso Zerrichera, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas (Murcia). Tras efectuar los registros, ordenó cinco detenciones, de las que cuatro se practicaron y la última, que era del empresario Trinitario Casanova, no se pudo realizar por encontrarse en el extranjero.
La Zerrichera es un proyecto urbanístico que inició el Grupo Hispania, propiedad del promotor Trinitario Casanova, ahora retirado del mismo, que incluía la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de la Almenara, en Águilas, parte de las cuales están protegidas medioambientalmente por la UE.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de los cuatro detenidos, tres se encuentran ya en libertad y la quinta orden de detención (T. Casanova) ha quedado sin efecto después de que su representante compareciera en el Juzgado aportando datos del paradero y su disposición a comparecer tan pronto regrese a España.
El caso fue abierto, en 2007, por el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, del PP, y un ex edil de ese Ayuntamiento, cuatro altos cargos del Gobierno de Murcia y un funcionario.
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