El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decidido suspender cautelarmente las actividades del centro de recepción y atención (CREADE) que se inauguró en 2022 para acoger a refugiados ucranianos. Esta medida surge tras una inspección que reveló que el centro no cuenta con la licencia necesaria para operar como lo está haciendo, especialmente en el contexto del plan del Gobierno español de trasladar a 400 menores inmigrantes no acompañados al lugar.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha expresado que esta acción se toma para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ha calificado la intención del Gobierno como "una ilegalidad y una temeridad". Desde el consistorio, se ha manifestado la preocupación por el uso del centro como un lugar de acogida permanente, en lugar de su función original como estancia temporal.

La resolución del cierre da un plazo de quince días al centro para presentar alegaciones, aunque deberá cesar sus actividades durante este tiempo. Esto implica que el Gobierno deberá buscar otras instalaciones para reubicar a los residentes actuales del CREADE. La situación refleja tensiones entre las autoridades locales y el Gobierno central sobre la gestión de la acogida de inmigrantes y refugiados.

El Delegado del Gobierno tacha el cierre del CREADE de Pozuelo como "un ejercicio de racismo preventivo"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE) por falta de licencia. Martín ha calificado esta acción como un "ejercicio de racismo preventivo", especialmente en un momento en que el Gobierno central planea repartir migrantes, a lo que Pozuelo se había opuesto.

En una entrevista con RNE, Martín destacó que aún no se conocen las cifras oficiales de migrantes que cada Comunidad Autónoma debe recibir y acusó al Partido Popular (PP) de no tratar el asunto con la seriedad necesaria. Señaló que hasta ese momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido ninguna comunicación formal sobre la decisión del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento justificó el cierre alegando que las instalaciones carecen de la licencia adecuada para su uso residencial, ya que los permisos actuales son de 2013. Sin embargo, Martín recordó que el CREADE había funcionado previamente para acoger a refugiados ucranianos y criticó la reacción del PP ante la posibilidad de recibir migrantes africanos.

Martín también mencionó que el Ayuntamiento había anunciado su intención de evitar la llegada de menores procedentes de Canarias y resaltó la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. En cuanto a la capacidad del Gobierno central para revertir el cierre, indicó que se analizará cuando llegue oficialmente la decisión.

Más tarde, Martín reiteró sus críticas en un comunicado, afirmando que la decisión está "avalada" por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y calificándola como insolidaria y racista. Llamó a trabajar en soluciones en lugar de generar más problemas y pidió colaboración institucional entre administraciones gobernadas por el PP.

El Ayuntamiento notificó el cese cautelar del CREADE debido a la falta de licencias necesarias para su uso como centro residencial. La inspección municipal se llevó a cabo tras conocer que el Gobierno planeaba trasladar alrededor de 400 migrantes desde Gran Canaria.