La Comunidad de Madrid sube del último al segundo lugar en el ranking de transparencia de las Comunidades Autónomas, elaborado cada dos años por la organización Transparencia Internacional.
La Comunidad ha logrado una puntuación de 98,1 puntos sobre 100, lo que la sitúa como la segunda región más transparente de España junto a Baleares y Cataluña. En la anterior clasificación, de 2014, la región ocupó el último lugar, con 65 puntos.
El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid empezó a funcionar hace trece meses, en noviembre de 2015, y ha experimentado un continuo proceso de mejora en cumplimiento del compromiso político de avanzar en la transparencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En esta ocasión, como novedad, se ha hecho una valoración cualitativa de la información publicada por las comunidades autónomas, donde se considera que la Comunidad de Madrid publica la información en un alto nivel de calidad en cuanto a los requisitos o criterios establecidos.
Los Índices de Transparencia que elabora y publica Transparencia Internacional España están exclusivamente dirigidos a medir el nivel de transparencia de las correspondientes instituciones públicas, a través de la evaluación de los datos y la información que hacen pública en relación con 80 indicadores y áreas de transparencia.
En el caso de las comunidades autónomas, los índices se vienen publicando cada dos años desde 2010.
Seis áreas evaluadas
Las seis Áreas de Transparencia que se evalúan en el Índice de 2016 son Transparencia activa e información sobre la Comunidad Autónoma; Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana; Transparencia económico-financiera; Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; Transparencia en materias de Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; y el Derecho de acceso a la información.
La Comunidad de Madrid ha conseguido la máxima puntuación en Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana; Transparencia económico-financiera; Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; y el Derecho de acceso a la información.