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El PP vulneró el derecho a la información de la oposición
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El PP vulneró el derecho a la información de la oposición

jueves 30 de agosto de 2018, 09:00h

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El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dado la razón a Somos Pozuelo en la controversia que enfrentaba al partido municipalista con el Gobierno del PP en relación al supuesto incumplimiento del derecho de información de los concejales.

El informe llega a raíz de una petición de Somos Pozuelo en Junta de Portavoces, que tras meses de espera ha sido resuelta.

En ella se confirma que el Gobierno dispone de “cinco días naturales” para poner a disposición de los solicitantes la información que le sea requerida con independencia de que se celebre Junta de Gobierno o no.

Esta última circunstancia había sido utilizada por el Equipo de Gobierno y por la Alcaldesa Quislant durante toda la legislatura para demorar hasta dos semanas la entrega de documentación, obstaculizando gravemente la labor de la oposición en investigaciones clave como posible delito medioambiental en el caso de la depuradora de Húmera o la gestión de la biblioteca ESIC.

El Portavoz de Somos Pozuelo, Pablo Perpinyà, ha celebrado la noticia: “El informe confirma que el PP ha incumplido sistemáticamente la Ley y el Reglamento del Pleno para impedir que la oposición pudiera controlar su gestión. Con esta resolución gana Pozuelo y pierde el mal Gobierno”.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Por su parte, el Ayuntamiento ha desmentido las afirmaciones de Somos Pozuelo acerca de un informe “que o bien no han entendido o quieren que no se entienda, a pesar de que lo único que recoge son los artículos del Reglamento Orgánico del Pleno de manera literal”.

Así, el equipo de Gobierno dispone, efectivamente, de cinco días naturales para responder a las peticiones de información de los grupos de la oposición desde que esa petición entra en el Orden del Día de la Junta de Gobierno.

Eso implica que si presentan esa solicitud cuando el Orden del Día está cerrado tiene que pesar de manera automática a la Junta de Gobierno siguiente. El plazo de cinco días corre desde que el asunto se ve en la Junta de Gobierno.

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