¿Qué pasa con ARPO? La respuesta es sencilla: el proyecto ARPO, que agrupa a otras empresas y cooperativas interesadas en su desarrollo, no tiene relación directa con la imputación por supuestos delitos de apropiación indebida y delito societario de Javier Guridi, Marta Sacristán y David Segarra, responsables y representantes del Grupo Inmobiliario Boj. Esa imputación lo ha sido en su condición de gestores y administradores de la empresa Proyecto ARPO Vivienda Joven, S.L.
Es cierto que el imputado, Javier Guridi es presidente de la Junta de Compensación de ARPO y que el grupo y los demás imputados gestionan esa presidencia, pero ese es otro ámbito distinto del de este procedimiento penal. En la Junta están todos los propietarios de ARPO y sus acciones y cuentas son públicas. También coincide que el imputado Guridi es presidente de la Mancomisión Gestora del colector-interceptor de Pozuelo, pero la querella nada tiene que ver con el colector ni con las instituciones que la componen.
Dimisión o destitución
Todo lo más, cabría preguntarse si da buena imagen o inspira confianza que personas imputadas por delitos mercantiles relacionados con una empresa que crearon y administraron sean cabeza visible de un proyecto como ARPO. Nosotros creemos que Guridi debería dimitir o ser destituido de los referidos cargos por razones de ética y transparencia elementales, pero, aunque no fuera así, ARPO no se vería afectado.
Finalmente y por si hubiera alguna sombra de duda, queremos dejar claro que el actual Ayuntamiento de Pozuelo sigue trabajando activamente para que ARPO salga adelante -su cuota del colector está aprobada y publicada- y que ha facilitado siempre la información requerida.
Alfredo Gabrielli
Si (
No(